Esta medida, lejos de ser concreta o puntual, abre el camino a numerosos recursos con el mismo objetivo, de todas partes del mundo. Tan sólo en España hay a la espera más 200 casos similares en estos momentos.
El derecho al olvido no se basa en borrar ni alterar el contenido real de los sucesos, ya que, las publicaciones de internet o cualquier otro medio sobre el tema son totalmente legales y legítimas, por tanto, la finalidad de esta norma no es otra que, una vez la información carezca de validez por ser una medida obsoleta, desaparezcan los enlaces a esa información de los buscadores. La Ley indica que, una vez subsanada la pena, el condenado no puede volver a ser juzgado por ese suceso en concreto.
La decisión del Tribunal está causando muchos debates sobre la libertad y veracidad de internet, por un lado los afectados piden que se respete su derecho a liberarse de la carga de la pena una vez subsanada la misma, y los buscadores publicando constantemente la información les privan de este derecho.
Por otro lado, los defensores extremos de la libertad y veracidad de internet, argumentan que si se permite que los Tribunales de Justicia de diferentes países puedan tomar este tipo de decisiones, muchísima información será aun más vetada por naciones dictatoriales y no tan dictatoriales en las que la censura en los medios está a la orden del día.
Finalmente el gigante Google (aunque afecta a todos los buscadores) se defiende diciendo que la información lesiva para estas personas no la tienen ellos, ni la han creado ni la mantienen. Los buscadores se encargan de enlazar (indexar) información publicada por terceros para facilitar el acceso a la misma, por lo tanto dicen que si hay algún dato publicado obsoleto, ilegal o fraudulento, el responsable es el publicador, y no el buscador que sólo se dedica a rastrear la red.
Por su parte, los publicadores se defienden argumentando la legalidad de sus escritos en el momento de los mismos y la AEPD (Asociación Española de Protección de Datos) les ha dado la razón. En este vacío legal finalmente han sido los buscadores los que deben cargar para asumir los derechos de los usuarios afectados.
Google ha dicho que acatará la sentencia, y ya pone a disposición de los usuarios un formulario que permite pedirles la eliminación de enlaces bajo la premisa de su carácter lesivo. Pero no ha dejado de comentar que esta medida puede traer problemas de libertad de fuerte calado.
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